APUNTES SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL NEOLIBERALISMO
Edmundo
Panay Lazo
Apuntes sobre la
descentralización en el neoliberalismo
2015
Una auténtica descentralización se identifica por la existencia de autonomía económica, política y
financiera, por la atención plena de los derechos fundamentales –alimentación, salud,
educación, vivienda y trabajo- y por la
presencia del pueblo en la toma de decisiones.
CONTENIDO
1.
Introducción
Pág. 7
2.
El
fujimorismo y el fin de los gobiernos regionales.
Pág. 8
3.
La
descentralización en el neoliberalismo
Pág. 10
-
Alejandro Toledo: La afirmación
neoliberal de la descentralización.
-
La descentralización en el segundo
aprismo
-
El neoliberalismo de Ollanta Humala
-
4.
Aspectos
críticos del proceso de descentralización
Pág. 16
-
Aplicación de la política neoliberal en
el proceso de descentralización.
-
Persistencia de la pobreza y la carencia
de inclusión social.
-
Ausencia de participación ciudadana.
-
Regionalización sin regiones.
-
Modelo presidencialista.
-
Intereses centralistas de los partidos
políticos y del poder legislativo.
-
Rescentralización económica.
-
Distribución inequitativa del canon.
-
Carencia de autonomías para los
gobiernos regionales.
-
Corrupción y falta de transparencia en
la gestión por parte de los gobiernos regionales y locales.
-
5.
Situación
de los gobiernos regionales.
Pág. 25
-
Entre la consolidación o la
rescentralización.
-
Asamblea nacional de gobiernos
regionales.
-
Integración regional de los
departamentos –región y las mancomunidades regionales.
-
La lucha continúa
1. Introducción
La instalación de los gobiernos regionales en 1989 constituyó un acontecimiento de
relieve histórico en la vida de los
pueblos del Perú, sin embargo se vulneró la voluntad ciudadana y .fueron
abolidos.
Cuando se
restituyeron hubo un natural interés en los pueblos del interior del país, al igual
que en procesos anteriores se les miraba como la panacea, como la solución
de todos los problemas existentes, tendiendo los
puentes para el desarrollo, aun cuando esta vez surgían bajo el signo del
neoliberalismo.
Por eso consideramos
que existe la necesidad de tener una visión clara del proceso de descentralización
dentro del marco de este modelo, pues las expectativas ciudadanas no han sido
satisfechas pese a la pregonada bonanza económica del país.
A pesar de ser un
asunto significativo, parece que no se
le diera la importancia que realmente tiene o
que estuviera relegado a un plano subsidiario dentro de las políticas de
Estado y también en las prioridades informativas de los medios de comunicación
nacional.
Por esta razón y por la
importancia que tiene para los pueblos del Perú, estimamos la necesidad de tocar lo referente
al proceso de descentralización que se viene llevando a cabo dentro el modelo
neoliberal, formulando una serie de juicios críticos vinculados al mismo.
Hemos rescatado de la
realidad del proceso estos aspectos de indispensable análisis, con la finalidad de esclarecer conceptos y
brindar aportes que nos lleven al camino de una verdadera descentralización.
2.
El fujimorismo y el fin de los gobiernos regionales
|El Presidente electo
Alberto Fujimori Fujimori asumió el cargo el 28 de Julio de 1990, en su mensaje
a la nación ignoró de manera absoluta a los gobiernos regionales.
A esta actitud le
seguiría su negativa a transferir las partidas presupuestales correspondientes
a las regiones, retornándolas al presupuesto del gobierno central.
Como era de suponer tampoco fueron cumplidas las leyes
de creación de regiones, en las que se conferían recursos y transferencias.
Con el autogolpe de
Alberto Fujimori Fujimori del 5 de abril de 1992, se disolvió el Congreso y
asumió funciones como dictador, los
gobiernos regionales constituidos legal y legítimamente fueron reemplazados por los Gobiernos Regionales
Transitorios, dependientes directamente del Ministerio de la Presidencia.
Luego convocó a
elecciones para la composición del
denominado Congreso Constituyente Democrático,
las mismas que se realizaron el 22 de noviembre de 1992, siendo encargado de elaborar una nueva
Constitución del Estado que fue aprobada en un referendo cuestionado, de fecha
31 de octubre de 1993, promulgada el 29
de diciembre de 1993.
Mediante este nuevo
instrumento se montaba la superestructura del neoliberalismo, esta nueva
Constitución reemplazaba a la
Constitución de 1979, que era respetuosa
de la independencia de poderes, de los derechos humanos y de los
derechos sociales.
Luego aprobó la Ley N°
26922 –Ley Marco de Descentralización- el 2 de febrero de 1993. Mediante esta disposición fueron creados los Consejos Transitorios de
Administración Regional (CTAR), y de Coordinación Multisectorial, sobre los
ámbitos departamentales, dependientes
del Ministerio de la Presidencia.
De esta manera quedaron
legalmente abolidos los gobiernos regionales, porque en la práctica éstos ya
habían sido liquidados.
Con la desaparición de
los gobiernos regionales deviene un proceso
opuesto al anterior, que debe identificarse
como el período de la regresión
centralista neoliberal o de la recentralización neoliberal, porque ese fue el modelo y la dirección que
siguió, recentralizando todo lo que se había descentralizado, en lo económico, político y social, con un
marcado manejo autoritario del gobierno.
Esta disposición fue
considerada, por el oficialismo de entonces, como básica para el proceso de
reforma de la estructura del Estado.
Con esta norma se
implementa la aplicación de la política neoliberal, que había empezado por la
no transferencia de partidas presupuestales a las regiones, quedándose todas
ellas en el gobierno
central; deja sin efecto los procesos de
elección de autoridades regionales para
ser nombradas por el Poder Ejecutivo, el estado reduce su tamaño y
funciones a favor del sector privado,
quien asume la tarea de redistribución de recursos y oportunidades.
Y continuó con una serie de medidas cada vez
más centralistas e instrumentando un proceso de dependencia y control a los
Concejos Municipales, brindando ayuda material a los que le eran obsecuentes.
En lo referente a la
concepción de regionalización, ésta
estuvo limitada al nivel administrativo, burocrático y de
control, con preeminencia de esta última
función, dependiente del gobierno central.
De esta manera
encontramos a las regiones convertidas en un espacio de instrumentalización,
como diría Nicole Bernex: “Una creación artificial que debe cumplir determinada
función”, dentro de un modelo de desarrollo, que en el presente caso es el
neoliberal.
En esta etapa
queda establecido el manejo
del proceso de descentralización desde el centro del poder, pues el
gobierno central participa en la evaluación y desarrollo del proceso de
descentralización.
Fujimori durante sus
diez años de gobierno, cumplió con su objetivo de liquidar el proceso de
descentralización democrática, y
consecuentemente, a los gobiernos
regionales y sus procesos electivos; más en los pueblos del interior quedaba latente
la esperanza de una nueva oportunidad.
Los gobiernos
regionales no tuvieron tiempo para vivir su primera experiencia de gobierno, ni
para desenvolverse con normalidad el poco tiempo que tuvieron de vida.
3
3.
La descentralización en el neoliberalismo
La interrupción del
proceso de descentralización vigente en 1992 marcó el final de una etapa, correspondiente a la
de desarrollo descentralista del país, aun con sus limitaciones.
Se produjo el
retroceso de las luchas descentralistas, afectadas por la represión de que eran
víctimas los sectores populares, acusados generalmente de estar vinculados al
terrorismo.
En este nuevo escenario
cobró hegemonía el neoliberalismo, con la aplicación del
modelo de economía social de mercado, principio que fue
instaurado en la Constitución que aprobó
la dictadura para legalizar su permanencia, a la vez que constituía un gobierno
acorde con el proyecto neoliberal.
Durante el período dictatorial hubo un proceso
de regresión de la descentralización, los avances fueron dejados de lado, las
transferencias de facultades y competencias sin efecto, registrándose una etapa
de hiperpresidencialismo.
Esto tuvo vigencia
hasta la caída del dictador el año 2000, luego sobrevendría el gobierno de
transición de Valentín Paniagua Corazao, encargado de dirigir el proceso de
transferencia. En tanto la ciudadanía
dejaba escuchar sus voces, si bien es cierto no se logró cambiar la Constitución neoliberal,
pero si quedaron muy claras las demandas de reposición de los gobiernos regionales
mediante elección popular.
Con el gobierno de
Alejandro Toledo se da inicio a un nuevo proceso de descentralización, pero
esta vez destinado a consolidar el neoliberalismo; el mismo que fue
continuado por el gobierno aprista de Alan García Pérez. Luego
asumiría Ollanta Huamala Tasso,
siguiendo el mismo camino.
Cada uno de ellos con
su propio estilo, pero al final caudillos, dueños y señores de los partidos
en cuyo nombre llegaron al gobierno, presidencialistas y protagónicos, como tal
centralistas.
Alejandro
Toledo: La afirmación neoliberal de la descentralización
Alejandro Toledo
Manrique, identificado con el modelo
neoliberal, gobernó del 2001 al 2006, tras ganar en segunda vuelta al candidato
del Partido Aprista Peruano Alan García Pérez, fortaleciendo su posición en el gobierno.
La ciudadanía exigía la
reiniciación del proceso de descentralización, entonces el gobierno se vio
precisado a atender este requerimiento ciudadano. De esta manera el
gobierno desarrolló acciones destinadas a reiniciar el proceso,
naturalmente dentro del marco del modelo neoliberal, la primera de ellas fue la
aprobación de la Ley N° 27783 –La Ley de Bases de la Descentralización- que
entró en vigencia el 30 de julio de
2002. Esta Ley demandaba la dación de
una Ley de Reforma del Estado, para redistribuir competencias y recursos, la
misma que no se dio.
Con la Ley de
Bases el gobierno estaba dotándose del
soporte legal para llevar adelante el proceso de descentralización de acuerdo a
su concepción.
Esta ley desarrolla el
capítulo de la Constitución Política correspondiente a la descentralización,
que regula la organización del estado en los niveles de gobierno nacional,
gobiernos regionales y gobiernos locales.
Define las regiones
como “unidades territoriales
geoeconómicas con diversidad de recursos naturales, sociales e
institucionales, integradas histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente…”.
Determina, asimismo, que para la conformación de una
región deben integrarse “dos o más circunscripciones departamentales
colindantes” y que la propuesta sea aprobada mediante referéndum.
Establece como ámbito territorial de las regiones el
correspondiente a los departamentos, produciéndose una regionalización
departamental con departamentos regionalizados.
Derogó la Ley N° 26922
– Ley Marco de la Descentralización- de
20 de Julio de 2002 del período fujimorista
Pero sobre estas normas
y estos conceptos, había algo que le interesaba mucho más al gobierno, era la
dirección del proceso, este estaría a cargo del Consejo Nacional de
Descentralización (CND), cuyo Presidente
era nombrado por el Presidente de la República,
asegurándose el Poder Ejecutivo la mayoría.
De esta manera el
gobierno tomaba el control del proceso
de descentralización, consistente en la
transferencia de facultades y recursos
del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales, entre ellas las de carácter político y de dotación de
recursos económicos, los representantes
del Poder Ejecutivo estaban para
controlar estas transferencias.
Había asumido la
descentralización como una relación de mercado, de oferta y demanda, las transferencias eran administradas por el
Poder Ejecutivo centralista, el CND
estaba para legalizar la política
neoliberal del gobierno frente a las aspiraciones populares, por eso
hasta ahora los gobiernos regionales y
locales siguen esperando transferencias de facultades y competencias o
recursos aún pendientes.
Con la finalidad de
legitimar la aplicación del modelo neoliberal el gobierno convocó a elecciones
para la elección de los gobiernos regionales. El proceso sí revestía significación por su retorno. .
De esta manera el 17
de noviembre del 2002 se llevaron a
efecto las elecciones de los gobiernos regionales, asumiendo funciones el 1 de
enero de 2003. Por Huánuco fue electa la empresaria Luzmila Templo
Condezo. Cabe anotar que para una gran
mayoría de gobiernos regionales, como este,
fueron elegidos representantes de frentes regionales, que fueron
disueltos una vez realizada la elección.
La mayoría de ellos carecían de
planes de gobierno.
El 11 de noviembre del
año 2002 Alejandro Toledo promulgó la Ley 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales- . Expresa que la legitimidad y naturaleza jurídica de los gobiernos
regionales emanan de la voluntad popular. Define asimismo su condición de
persona jurídica con autonomía política, económica y administrativa.
El año 2004 fueron
constituidas las Juntas de Coordinación Interregional, correspondiéndole a
Huánuco pertenecer a la Junta de la
Región Centro Sur conformada por los departamentos-región de Huánuco, Pasco,
Junín, Lima Provincias, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica. Su función era
la de coordinar proyectos, planes y acciones conjuntas, para ejecutarlos
mediante convenios de cooperación.
El
resultado negativo del referendo para la macroregionalización
Seguidamente para el
año 2005 Alejandro Toledo convocó a un referendo con la finalidad de aprobar un
proyecto de macroregionalización del país, dieciséis departamentos estaban comprendidos
en seis macrorregiones, las que deberían ser aprobadas por las correspondientes
poblaciones.
La macrorregión Nor
Centro estaba conformada por los departamentos-región de Ancash, Huánuco,
Pasco, Junín y Lima Provincias.
El resultado fue una negativa
rotunda de la población en cinco
regiones, donde el 87% se
pronunciaron en contra, fracasando el intento de creación de las
macroregiones. Solamente logró resultado
positivo en Arequipa con el 69%.
Esta fue una respuesta
popular a la improvisación y falta de información, pues el proceso de
elaboración del proyecto de macro regionalización había sido hecho sin tener en
cuenta a la ciudadanía, al margen de la realidad regional, sumando a esto el
silencio que se guardó sobre el
tema. El gobierno había ofrecido
incentivos tributarios derivados de la aplicación de la descentralización
fiscal, a las regiones que se
conformaran como resultado del referendo, no llegó a constituir macrorregión alguna.
La
descentralización en el segundo aprismo
El año 2006 asumió al
gobierno el Partido Aprista Peruano con su líder Alan García Pérez, quien
ofreció hacer un gobierno diferente al de su primer ejercicio. Desde la conformación de su primer Gabinete
dio muestras de su identificación con el modelo neoliberal, anunciándose como
una continuidad de los anteriores ejercicios.
Crea la Secretaría de Descentralización como
órgano de línea de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, en
vez del Consejo Nacional de Descentralización. De esta manera recentraliza el
manejo del proceso de descentralización, haciéndolo dependiente del Poder
Ejecutivo.
A poco de iniciadas sus
funciones, con fecha 18 de octubre dio a
conocer el Decreto Supremo Nº
068-2006-PCM, disponiendo el denominado
Shock Descentralizador por 3,500 millones de nuevos soles en beneficio de los
gobiernos regionales y locales, en el marco de la Política de Descentralización
emprendida por el ejecutivo.
Asimismo daba a conocer
que al 31 de diciembre del 2007 se concluiría con la transferencia de las 185 funciones sectoriales a los gobiernos
regionales establecidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Anunció el diseño de un
nuevo Plan Nacional de Regionalización y la puesta en marcha de una Región
Piloto.
La Reforma Fiscal fue otro
anuncio importante que efectuó el Presidente Alan García Pérez.
En noviembre del 2006
se llevaron a efecto las segundas elecciones de los gobiernos regionales,
siendo elegido por la Región Huánuco Jorge Espinoza Egoávil, reconocido
militante de izquierda que esta vez lideró un frente regional. Nuevamente los
frentes regionales fueron vencedores, esta vez con el 70%.
En el mes de noviembre
del 2010 se efectuaron las terceras elecciones de gobiernos regionales, siendo
elegido por el Gobierno Regional de Huánuco Luis Picón Quedo, que participó en
el proceso como candidato de Somos Perú, en el período anterior había desempeñado
el cargo de Vicepresidente.
Al término del gobierno
aprista pudo comprobarse que fueron
escasos los avances que se habían
registrado, el shock decentralista quedó en el anuncio, siendo evidente el proceso de recentralización que había
seguido el Estado.
Muy poco en el campo de
la descentralización fiscal, no definió la Región Piloto y no hubo nada del nuevo Plan Nacional de
Regionalización.
No se establecieron indicadores ni criterios claros para la
asignación de recursos, lo cual es fundamental para que los gobiernos
regionales y locales puedan hacer una proyección de sus ingresos, y sobre esa
base realizar una planificación adecuada
de la inversión,
El
neoliberalismo con Ollanta Humala
Ollanta Humala se había
presentado como un candidato progresista, si se quiere de centro izquierda, así
se podía deducir de su Programa de la Gran Transformación de la primera vuelta,
pero en la segunda decidió dar un golpe
de timón y delineó la llamada Hoja de Ruta para captar los votos de los
sectores alineados con el poder económico. Esta táctica le dio resultado.
Desde su primer
Gabinete apreciamos la presencia de Luis Castilla en el Despacho de Economía y Finanzas, él con el Presidente
de la Superintendencia de Banca y Seguros estaban para garantizar el
cumplimiento del programa neoliberal.
Con fechas 5 y 6 de diciembre del 2011 se da
el Seminario Internacional Descentralización y Territorio – desafíos para la
ciudadanía.
En este evento,
organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros a cargo de Salomón
Lerner Gitts, cuyo Secretario de Descentralización era Manuel Dammert Ego
Aguirre, se estableció claramente que la
ruta de una verdadera descentralización debería estar seriamente marcada por la
inclusión social y una equitativa distribución de la riqueza, debiendo
participar el pueblo como actor de la misma.
De esta manera en el
mes de Diciembre del 2011 fue presentada la Propuesta del Plan Nacional de
Descentralización y Regionalización (2012-2016), declarada conforme por la
Secretaría de Descentralización, para
el proceso de consulta nacional por un período de seis meses, hasta julio de 2012.
Así se trató con mucho
énfasis el tema del desarrollo económico con una economía impulsada desde cada
ámbito territorial.
Mas en forma casi inmediata
fue cambiado el Primer Ministro Salomón Lerner Gits, siendo reemplazado por
Oscar Valdez Dancuart, como era de
suponer también fue cambiado el
Secretario de Descentralización, ahora asumía estas funciones Alberto Muñoz
Nájar.
El premier Valdez se pronunció
a favor de revisar el proceso de descentralización, con la finalidad de replantear el rol de los
presidentes regionales y alcaldes y –según él- darle un mayor impulso.
Luego, antes de fiestas
patrias de 2012, se produjo un nuevo cambio en la Presidencia del Consejo de
Ministros, asumiendo Juan Jiménez Mayor, produciéndose también un nuevo
relevo en la Secretaría de
Descentralización, asumiendo Rosa Florián Cedrón.
En Noviembre del 2012
fue presentado por el Presidente Constitucional de la República el Plan
Nacional de Descentralización 2012-2016.
Luego sobrevino un
nuevo cambio de Presidente del Consejo de Ministros asumiendo César Villanueva Arévalo,
Presidente del Gobierno Regional de San Martín, pero con muestras
presupuestales inequívocamente centralistas.
Muy poco duró en el
cargo el Presidente sanmartinense, asumiendo en su lugar la congresista Ana
Jara Velásquez que también puso un relevo en la Secretaría de
Descentralización.
Es evidente que los cambios de gabinete han sido para conferir
un mayor espacio dentro del gobierno a la derecha, como tal una mayor
adecuación al modelo neoliberal.
No cabe duda que el
gobierno de Ollanta Humala Tasso está siguiendo los mismos pasos de sus
predecesores, existen algunas muestras claras como el asunto de las minas Conga
y Yanacocha, donde indiscutiblemente está en debate un problema de
descentralización, y el respeto a
la autonomía del gobierno regional.
Además puede apreciarse
un manifiesto proceso de recentralización como mostramos con estos ejemplos:
Radio y Televisión Peruana ya no depende del Ministerio de Cultura y ha pasado
a la Presidencia del Consejo de Ministros, las Direcciones Regionales de
Cultura son órganos desconcentrados y no
pasan a los gobiernos regionales.
No ha sido puesto aun en funcionamiento el Consejo
de Coordinación Intergubernamental, establecido por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, que está constituido entre otros por los presidentes de los
gobiernos regionales y representantes de los gobiernos locales.
En materia de descentralización ha hecho un
llamado al Congreso de la República para que abra debate sobre el tema, cuando
sabemos de la conducta centralista de este poder del Estado.
Asimismo, ha considerado a las sesiones de
Consejo de Ministros, que se han realizado
en el interior del país, como actos de descentralización, hecho que revela una
clara actitud demagógica.
4.
Aspectos críticos del proceso de descentralización
Aplicación
de la política neoliberal en el proceso de descentralización
Desde su reinicio en el
gobierno de Perú Posible y pasando por todos los gobiernos siguientes, el proceso de descentralización ha sido dirigido desde el centro a través del Poder Ejecutivo.
Este centralismo tiene como propósito
fundamental el control político del proceso por el Estado, llevándolo a efecto
dentro de los cauces del modelo neoliberal, teniendo al Ministro de Economía en
función fiscalizadora, hecho consagrado
por la Ley de Bases.
Por esta razón el Estado se limita a ser
garante de la participación privada, restringiendo la inversión pública en las
acciones de desarrollo.
En consecuencia, es un estado subsidiarizado el que asume el
manejo político de la descentralización, sometido a las leyes del mercado y la
libre competencia, que en el proceso se traslada a las administraciones
regionales.
De esta manera podemos
colegir que el Poder Ejecutivo ofrece
resistencia a efectuar las transferencias que debiera realizar o las hace con
restricciones, en otras circunstancias se da la norma sin llegar al debido cumplimiento.
El acrecentamiento de las diferencias sociales y
económicas van en contra de todo proyecto de desarrollo, que por su naturaleza
debería combatir el crecimiento desigual.
De esta manera, la Constitución neoliberal de 1993, ha
reducido el espacio político del Estado,
convertido en un proveedor de recursos y simple promotor del crecimiento
desigual, en tanto el sector privado colma sus arcas en nombre del libre
mercado.
No siendo la justicia social un objetivo del modelo, en este enfoque,
tratamos de poner en evidencia las expresiones negativas, que lo hacen
justamente contrario a los objetivos que persigue una auténtica
descentralización.
De ahí que la intención de este capítulo sea buscar su reorientación, consecuentemente de
sus fines y estrategias, con la finalidad que de veras pueda servir a la
afirmación de una verdadera democracia, el desarrollo de los pueblos y al logro
de la justicia social.
Persistencia
de la pobreza y la carencia de inclusión social
Este modelo de economía neoliberal, no ha contribuido a reducir de manera importante los índices de
pobreza en el país, en este sentido la renuncia del Estado a su rol de
redistribuidor de la riqueza, dejándolo en poder de la empresa privada, no ha dado resultados.
Los indicadores del
INEI nos muestran un crecimiento del 6.9% anual en el PBI al 2012, sin embargo
solamente nos ofrecen una disminución de la pobreza del 3%
- 30.8% (2010) al 27.8% (2012) - ,
habiendo dejado de ser pobres 790,000 personas.
El crecimiento ha sido de 5.02% (2013) y 2.35% (2014)
a nivel nacional, siendo obviamente menor la cantidad de personas que han dejado de ser
pobres, 491,000 (2013) y 376,000
(2014)., persistiendo más de 7 millones de personas en situación de pobreza,
dentro de los que se encuentran los de pobreza extrema.
Las cifras nos dejan serias dudas que la realidad nos confirma, para eso basta ver el mapa de la pobreza, en el que figuran cinco departamentos:
Cajamarca (52.9%), Ayacucho (51.9%),
Amazonas ( 47.3%), Pasco (46.6%) y
Huancavelica (46.6%), como apreciamos
por debajo del 46.6% , sin embargo el INEI nos ofrece la información de
que el 2013 el índice de reducción de
pobreza es del 23.9%. siendo inferior al año anterior que fue del 25.8%.
Si ampliamos nuestra visión
vamos a encontrar a nueve departamentos por debajo del 35%.
Con lo que queda
claramente demostrado que el crecimiento económico no va paralelo a la
disminución de la pobreza, pues el crecimiento desigual beneficia al sector privilegiado de las
ciudades de la costa, en desmedro de los
pueblos andinos y selváticos.
De esta manera también
se amplían las distancias entre los departamentos ricos y pobres, los primeros seguirán concentrando
más poder y centralizando la economía, los recursos y los medios productivos,
consolidando la estructura regional generada por el capitalismo.
Mientras que el
crecimiento no se vea reflejado de manera concreta en la desaparición de la
pobreza, es decir viéndola de manera objetiva en los escenarios de vida, en las
diferentes regiones, en los ámbitos urbano y rural, en la atención de las
necesidades fundamentales - alimentación, vivienda, salud, trabajo, educación - en los servicios básicos –luz, agua potable,
servicios - no tendrá ningún significado para
el país.
Un verdadero aporte
para la descentralización significaría el
incremento de recursos económicos y financieros para el desarrollo de
las diferentes regiones, que permitan abordar proyectos de inversión
con la consecuente solución de los problemas de exclusión social.
Ausencia
de participación ciudadana
El pueblo sigue estando
ausente en este proceso de descentralización, no existe participación ciudadana
ni directa ni a través de sus instituciones representativas. De manera absoluta la palabra del pueblo no
aparece.
Los que dirigen el
proceso no tienen en consideración a la sociedad civil ni a la ciudadanía, la
que permanece totalmente desinformada y ausente, sin muchas veces percibir que
significa el proceso de descentralización. . Los ciudadanos están relegados a
una situación pasiva.
Los medios de
comunicación en su casi totalidad están al servicio del modelo neoliberal. El poder mediático está centralizado en
la Capital de la República. Los medios
son propiedad o están sustentados financieramente por los empresarios del extranjero o
peruanos, para quienes la descentralización no solo carece de importancia sino que están
en contra de ella, de esta manera la opinión pública es manejada desde el
centro del poder.
No existe una relación
permanente, directa, inmediata entre la ciudadanía y el gobierno, cada vez hay
un mayor aburguesamiento de los poderes del Estado, asumiendo una actitud casi
evasiva ante las exigencias populares.
Sigue siendo dura para
los sectores populares la atención de sus necesidades fundamentales, como
salud, educación, trabajo, vivienda, que se ven
acrecentadas por las distancias y carencia de servicios, y sobre todo
por la tendencia privatizadora del gobierno.
La disposición que
norma el presupuesto participativo es
demagógica, porque no es el pueblo el que propone el proyecto a
ejecutar, sino que debe hacerlo escogiendo uno
entre varios proyectos de los técnicos del Estado, quedando sin lugar la
iniciativa popular.
Con esta
incomunicación el gobierno ignora el
pensamiento y las necesidades populares. Se halla cada vez más alejado de la
realidad, no solo por las carencias de medios físicos sino por la falta de
accesibilidad política de los responsables del Estado en sus diferentes
niveles. El ciudadano no tiene una voz que sea escuchada. No existe una
política capaz de hacerle sentir que es parte de la Nación.
Lo que es más grave
aun, la ciudadanía está cada vez más alejada de la posibilidad de fiscalización
de las instituciones de gobierno.
A esto se suma el
repliegue de las fuerzas populares en el tema de descentralización, con algunas
felices excepciones.
Regionalización
sin regiones
Este llamado proceso de
regionalización se da sobre territorios departamentales denominados
indebidamente regiones, dando lugar a la
existencia de 25 gobiernos regionales. Esto es sencillamente un proceso de
regionalización de los departamentos.
Estos constituyen una
demarcación “injusta y anacrónica”, pues no responden a ningún criterio de
carácter técnico o científico, menos aun a un proyecto de desarrollo, como lo
expresaba el maestro Emilio Romero, pues
además existe entre ellos una manifiesta inequidad en la distribución de las
riquezas.
Una verdadera región
requiere de la identificación hombre-naturaleza, para crear la riqueza a través del trabajo. Esa identidad
significa el reconocimiento y dominio de la geografía, de sus recursos
naturales y culturales, que sean actores de su historia económica, política y
social, es decir forjadores de una cultura que reconozcan como suya, que va a dar lugar a la existencia
de ese sentimiento llamado regionalismo.
A las regiones hay que descubrirlas en la
geografía, en la economía, en la vida de los hombres, en sus creaciones, en sus
potencialidades.
Las regiones están más
allá o más acá de las demarcaciones territoriales, siempre será un error tratar
de acondicionar las regiones de acuerdo a los límites geopolíticos, estos no
fueron creados de acuerdo a criterios técnicos o científicos de carácter
geográfico, económico, social o cultural, simplemente fueron fijados.
Por eso sostenemos la
necesidad de que las demarcaciones territoriales que se deben usar para la
integración regional deberían ser los distritos, por su menor extensión y más fácil
acondicionamiento, además de la más factible identidad sociocultural de su
población. De acuerdo a la actual Ley de
Bases de Descentralización la fase de
acondicionamiento territorial provincial y distrital se daría en forma
posterior a las integraciones de jurisdicciones departamentales, cuando debería
ser al contrario, construir de abajo hacia arriba.
Esta situación de las
regiones administrativas en espacios de territorio departamental contribuye a
una mayor fragmentación e indefinición del territorio nacional, lo cual impide
la formulación de planes de desarrollo coherentes y de factible realización.
Esta demarcación puede constituir una rémora para la integración nacional,
porque los departamentos-región velan por sus propios intereses, en competencia con los otros similares,
perdiéndose la identificación de
objetivos comunes integrados regionalmente.
Modelo presidencialista
La expresión más clara del centralismo
político es la imagen del poder concentrado en una persona.
El Perú desde sus
albores como República ha tenido un modelo presidencialista, muy común en los
países del continente, donde el Presidente está investido de las mayores
facultades, es la primera autoridad del Estado y del Gobierno, representa a la
Nación, teniendo incluso capacidad para legislar por delegación del Poder
correspondiente.
Aparte de ello, nuestra
historia registra un considerable número
de gobiernos dictatoriales. Como es su característica, los gobiernos de este tipo concentran todo el
poder en el Presidente de la República, que gobierna sin limitaciones, como ha
sucedido siempre en estos casos.
El Presidente de la República constituye la
personalidad central para la función de dirección general y la alta
administración, a la vez que la figura
emblemática de la Nación. De esta manera la ciudadanía se ha acostumbrado a esa forma de ejercicio
del poder, es decir se ha formado una cultura
presidencialista.
Y si la
descentralización consiste en la transferencia de las facultades y competencias
del Poder Ejecutivo a los gobiernos
regionales y locales, el primero se resiste a entregar aquello que hasta ahora
le corresponde.
Todos los gobiernos de
este período neoliberal han tenido como característica el exacerbado espíritu presidencialista y protagónico de los mandatarios, con una
actitud hegemónica en la dirección de
sus organizaciones políticas, que son cada vez menos democráticas.
Intereses
centralistas de los partidos
políticos y del Poder Legislativo
Los gobiernos
regionales, así como las autoridades que
los representan, deben ser expresión de descentralización, debiendo poseer, en
consecuencia, autonomía política y
económica.
Sin embargo, en el
Congreso de la República se han presentado y aprobado en comisiones proyectos
de ley que pretenden otorgar facultades
para citar, interpelar y hasta censurar a los presidentes regionales.
Un proyecto de esta
naturaleza pretende ubicar al Congreso
como una jerarquía vertical sobre los gobiernos regionales, que son una
instancia subnacional de gobierno con sus propios entes de fiscalización.
Asimismo, pone de
manifiesto los intereses y el espíritu centralista de la mayoría de los
partidos políticos representados en el Poder Legislativo, defensores del modelo
económico neoliberal, que concentran su accionar y su poder en la ciudad de
Lima.
Los candidatos a congresistas
son designados en última instancia por
el caudillo de la correspondiente
organización política, cuando no por la
cúpula nacional, la decisión de las bases no tiene significación alguna, no
existe la práctica de la democracia interna ni los partidos tienen una
estructura descentralizada. La supresión del voto preferencial reforzaría esta
situación.
Por eso es que no
podemos desvirtuar que existe en el seno del Poder Legislativo una arraigada
posición conservadora centralista, que
quiere mantener sus viejos privilegios en desmedro de los pueblos del interior.
Recentralización
económica
En lo relacionado a
presupuesto público el que corresponde al
gobierno central mantiene la tendencia recentralizadora de estos últimos
años, en
desmedro de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales.
En el 2012 de 95 mil
millones que tenía el Estado 65 mil millones fueron administrados por el centralismo, es decir el
68.1%. Los gobiernos regionales en
conjunto manejaron solamente 14 mil
millones y los municipios 15 mil millones, que suman 31,900 mil millones de
nuevos soles que significa el 31.9%.
El Presupuesto para el año 2013 es 108 mil
millones de nuevos soles,
correspondiendo al gobierno nacional72 mil millones, es decir 67.1%. A los gobiernos regionales 17 mil millones,
y a los gobiernos locales 18 mil millones, que suman 35 mil millones de nuevos soles, que equivale
al 32.9%.
Lo que significa un incremento de solo el 1%
para los gobiernos locales y regionales.
El Presupuesto para el
ejercicio del 2014 es de S/. 118’ 8 nuevos soles, disminuye en un 3% el
presupuesto para gobiernos regionales y locales, reduciéndolo a un 30% (S/.
35’6), mientras que incrementa en un 3%
el presupuesto del gobierno nacional (S/. 83’2)
De esta manera los gobiernos regionales y
locales verán disminuido su presupuesto en 87.9 millones de nuevos soles.
El Presupuesto para el 2015 ha sido incrementado
al 73% para el gobierno nacional, quedando solamente el 15% para 24 gobiernos regionales y 12%
para 1840 gobiernos locales, es decir se ha registrado una nueva
disminución del 3%.
En este rubro es donde mejor se aprecia el proceso
de rescentralización.
Además de ello la Ley
30099 de 10 de octubre del 2013 establece que no pueden incrementar sus gastos más allá del promedio de lo que han ejecutado en los
últimos años, ensanchando el centralismo fiscal.
Distribución inequitativa del canon
El canon es producto de
las luchas populares. Una conquista de los pueblos para compensar el valor de
los productos no renovables que extraen de su subsuelo.
Es la renta que perciben los gobiernos locales
y regionales por transferencia del gobierno
central del 50% de impuesto a la renta, abonado por las empresas mineras
que efectúan actividades de extracción y comercialización de recursos naturales
minerales.
Es una renta que debe
ser utilizada en la ejecución de proyectos de inversión, lamentablemente el
concepto fue distorsionado y estos proyectos se convirtieron simplemente en
inversión como sinónimo de gasto, dirigiéndose la utilización en obras físicas
que son vistas por la población, que las aprecia como una expresión de
compensación, a la vez que su ejecución se convierte en una fuente de trabajo.
Existe una marcada
inequidad en la distribución de esta renta a los gobiernos locales y
regionales, púes solo se están beneficiando los gobiernos de cuyos
territorios se extrae el recurso natural mineral o están ubicados en una
zona de influencia directa o indirecta.
El Perú constituye un estado unitario como tal
los recursos que se extraen del subsuelo son patrimonio nacional, todas las regiones tienen derecho a
beneficiarse de él.
Hay casos de manifiesta
inequidad como el de Antamina, ubicada en el distrito de San Marcos de Ancash, localizada en zona limítrofe con
el departamento de Huánuco, sin embargo reciben renta del canon provincias de
Ancash alejadas de este lugar, mas no las provincias limítrofes del
departamento de Huánuco, a pesar de que existe un grado de afectación geológica
y ambiental, producto de la actividad minera.
Esto, además está dando lugar a que hayan
territorios regionales que merced a este recurso tengan mayores posibilidades
de desarrollo, mientras los que no lo tienen, como el caso de Huánuco, van a ir quedando rezagados, lo cual va en
contra del espíritu descentralista.
También el canon minero
ha producido disputas, como es el caso de Moquegua y Tacna, por la distribución
del canon de Toquepala y Cuajone.
Carencia
de autonomías de los gobiernos
regionales
Es necesario que se
entienda que la descentralización es una lucha por la autonomía, en la que confrontan las fuerzas del centro,
conformadas por los que concentran el
poder económico y político, con las que
no lo tienen.
En esta contienda que
se da en diferentes niveles, porque hay en nuestro sistema un centralismo
escalonado, el centro lucha por acrecentar sus privilegios mientras que la
periferia por acrecentar sus fuerzas.
Cuando hablamos de
centralismo escalonado estamos refiriéndonos al centralismo nacional, a los
centralismos regionales, departamentales, provinciales, distritales, citadinos que
han configurado la realidad heterogénea de nuestro país.
En esta lucha existen elementos que tienen un
carácter determinante en la correlación de fuerzas, son los de
carácter económico y financiero, y los
de carácter político.
El centralismo está
dado por el poder económico, dueño del capital y los recursos financieros, tiene
un carácter hegemónico, no solo respalda el status quo sino que busca fortalecerlo,
con una fuerte influencia en el
poder político.
En ese contexto el
poder económico y político se niega a otorgar a los gobiernos regionales, vale
decir a los pueblos del país, las autonomías que les corresponden, pues le
importa tener el control de las decisiones políticas y económicas sobre las
acciones, riquezas y recursos que
legítimamente les pertenecen al interior
del país. .
Entonces descentralización
significa transferir ese poder que se
concentra en manos de unos pocos, para que los gobiernos locales y regionales
decidan por ellos mismos, sin esperas ni rogativas.
No existe
descentralización sin autonomía política, económica, financiera y fiscal, con
ellas recién podrá pensarse en la búsqueda de logros de justicia social.
Corrupción
y falta de transparencia en la gestión de los gobiernos regionales y locales
Este es el aspecto más
crítico de la gestión de los gobiernos regionales y locales.
Muchos presidentes y funcionarios de estos
organismos se hallan comprometidos en malos
manejos de los recursos económicos y materiales de sus respectivos gobiernos.
También existen
denuncias de vinculaciones de algunos presidentes regionales y alcaldes con el narcotráfico.
Esto, naturalmente, ha
generado un severo malestar y una justificada desconfianza en la ciudadanía.
Pero no es solamente
eso, lo más grave de todo es que los sectores opuestos al proceso de descentralización
están encontrando en este hecho, las razones que a juicio de ellos justificarían
la rescentralización de la estructura del Estado, liquidando de esta manera el
actual proceso.
Sin embargo, es
necesario señalar que el Estado es uno
de los responsables de esta situación, porque no ha sido capaz de dotar de
eficiencia a sus organismos de control como son la Contralaría General de la
República, al Ministerio Público y al Poder Judicial.
También tiene
responsabilidad el Congreso de la República que no ha cumplido con eficiencia
su función fiscalizadora.
Pero no son la única
causa de esta situación, lo son también las organizaciones políticas, que no
han sido capaces de sustentar una organización nacional, dejando las provincias el campo abierto para
que personas desvinculadas de la actividad política asuman funciones de
gobierno sin ninguna preparación ni compromiso político.
Estas situaciones se
ven facilitadas por la apertura que da el modelo neoliberal, para que la corrupción del sector privado se
pueda introducir en la burocracia de los gobiernos regionales y locales.
Como se puede apreciar
este no es únicamente un problema de gestión, lo es también de carácter
político y social.
5.
Situación de los gobiernos
regionales
Entre
la consolidación o la rescentralización
Estando en curso el cuarto período de ejercicio de los
gobiernos regionales electos cabe
preguntarse ¿Si estos han cumplido o vienen cumpliendo con el propósito descentralista para los que fueron creados?
Los gobiernos
regionales, teóricamente han sido
creados para descentralizar el Estado y atender de manera más inmediata las necesidades de desarrollo de la población,
dotándola de los recursos y capacidades necesarias.
El contexto de cada
gobierno regional, como es natural, constituye una realidad específica,
independiente de los aspectos de carácter general, como tal sus respuestas en este proceso han
sido distintas.
La realidad a que
hacemos referencia está compuesta por
una serie de elementos unidos a la capacidad de gestión, como son la realidad geográfica, los recursos
naturales, las demandas de la población, la atención de sus necesidades
básicas, los requerimientos de
infraestructura para el desarrollo, la disponibilidad de recursos económicos, materiales y humanos,
entre muchos otros factores.
Existen discrepancias
respecto a la eficiencia o eficacia de los gobiernos
regionales o las políticas adoptadas por cada uno de ellos, siendo un factor
muy importante la continuidad de estos que se encuentran en el
cuarto período de funcionamiento, pues constituyen un espacio al que
pueden acceder los sectores populares representados políticamente.
Los gobiernos regionales
electos provienen en casi un 70% de frentes regionales, la mayoría de ellos
conformados por personas no vinculadas a la actividad política, generalmente
empresarios o personalidades liberales, entonces los partidos políticos
tradicionales o con sede en la capital de la República han estado casi ausentes
o sencillamente su inscripción y sus logos han sido utilizados para postular candidatos no partidarizados,
como ha sucedido en el departamento- región de Huánuco.
Pero la consolidación
no está librada únicamente a este factor electivo, sino fundamentalmente a lo que aún está
pendiente, la transferencia de
facultades y competencias, la descentralización económica y fiscal, vale decir a las autonomías de que debe estar
premunido cada gobierno regional para su funcionamiento, así como la superación
de los aspectos críticos de la descentralización
Como bien se puede apreciar, el problema mayor para el ejercicio de una
gestión realmente descentralista de los gobiernos regionales es el modelo
neoliberal, que ha incidido seriamente en la administración de recursos para
proyectos de inversión.
Sin embargo han sido
muy pocos los gobiernos regionales o municipales en el país que han asumido posiciones de lucha frente al
modelo, dando la impresión que estarían conformes con esta política económica,
sin embargo consideramos que no debe ser así, dependiendo su consolidación sino también su vigencia de la actitud
política que tomen en el futuro.
Es digna de resaltarse
la actitud asumida por el Gobierno Regional de Cajamarca, oponiéndose,
en uso de su autonomía, a la
explotación de las minas de Conga por la empresa minera Yanacocha, contaminando el ambiente.
También es valerosa la actitud asumida por el pueblo
de Islay de la región de Moquegua, que también en uso de su autonomía,
oponiéndose a la explotación de la mina Tía María por la Southern.
Pero el peligro mayor
que pende como espada de Damocles sobre el proceso de descentralización es la
corrupción y la falta de transparencia en algunos gobiernos regionales y locales.
Existe en los sectores
del gran capital un marcado interés porque se rescentralice el Estado en
concordancia con los objetivos del modelo neoliberal, y están tomando como justificación el problema de la
corrupción de gobiernos regionales y locales.
Podrían quedar los
gobiernos regionales como organismos desconcentrados dependientes del gobierno
central, utilizándolo como un catalizador de la demanda popular.
No cabe duda que este
hecho debilita las posibilidades y el avance
descentralizador del país, razón por la cual la población debe asumir su rol
fiscalizador a los gobiernos locales y regionales, mientras que estos deben
implementar mecanismos severos de control.
Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales
La existencia de los
gobiernos regionales germinó el
nacimiento de la comunidad de éstos, que se han integrado en la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales, constituida el 20 de marzo del 2007 en la
ciudad de Huánuco.
Su principal función es de representación del gobierno regional ante el gobierno nacional y
los gobiernos locales, frente al
poder legislativo y la ciudadanía, así como de constituir una instancia de
concertación para el avance y la profundización del proceso de
descentralización y desarrollo del país.
Esta condición le permite participar en el debate sobre
políticas de estado en los diversos campos del desarrollo nacional, buscando
consensos entre sus diferentes actores.
También le hace
posible convertirse en un agente valioso
para la democratización del proceso de regionalización y descentralización,
desde una perspectiva auténticamente
descentralista. Asimismo, le es posible
una presencia activa como intermediario
para rescatar reivindicaciones a favor de los gobiernos regionales, rompiendo
trabas burocráticas.
Sin embargo estas
posibilidades no han sido desarrolladas a plenitud por este
organismo, dependiendo esto de la
identidad política de los presidentes de los gobiernos regionales integrantes
de la Asamblea.
El reciente Presidente
electo de la Asamblea es César Acuña Peralta, Presidente del Gobierno Regional
de La Libertad, uno de los exponentes de la burguesía educativa nacional, que
tiene su propia organización política a nivel nacional.
A nivel de gobiernos
locales existe la Asociación de Municipalidades
del Perú y la Red de Municipalidades Rurales del Perú, que cumplen
análogas funciones en su ámbito.
Integración
regional de los departamentos y las mancomunidades
regionales
La convivencia de los
gobiernos regionales, especialmente los que están ubicados de manera contigua, han traído consigo las posibilidades asociativas
para resolver problemas que en algunos
casos resultan siendo comunes, mientras
se redescubren aspectos que los vinculan culturalmente.
De esta manera van a
surgir las mancomunidades, en una primera instancia a nivel municipal llegando
luego al nivel regional, las mismas que ahora son reconocidas por ley.
La mancomunidad es
definida por la ley como “el acuerdo
voluntario de dos o más gobiernos regionales que se unen para la prestación
conjunta de servicios públicos, cofinanciamiento o inversión en la ejecución de
obras, que promuevan la integración, el desarrollo regional y la participación
de la sociedad al proceso de descentralización…”
En otros casos la
posibilidad de integración regional es mayor, como lo revela el caso de los
departamentos de Ancash, Huánuco y Ucayali, que han suscrito un Acta de
Intención y han elaborado el Expediente Técnico para la creación de la Región
Nor Centro Oriental (*) conformada por los departamentos mencionados,
encontrándose en proceso la convocatoria a referendo.
Asimismo tenemos el
caso del Acuerdo de Intención suscrito por los gobiernos regionales de San
Martín y Amazonas en el 2007.
Lo democrático de las
propuestas reside en su origen popular y que
fueron prohijadas por gobiernos
regionales electos, y que el pueblo en
instancia final tiene la capacidad de definir en el referendo, decidiendo sobre aquello con lo que se sienta más
identificado o que convenga más a sus intereses, en este caso de desarrollo
sostenible, dentro de un contexto descentralizador.
Asimismo, las
mancomunidades pueden ser definidas
como organizaciones de gobiernos
regionales vinculados por su realidad geográfica o cultural, como es el caso de
la Mancomunidad de los Andes, formada por
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica,
y de la Mancomunidad Regional Amazonas, San Martín, La Libertad.
Sin embargo para
la descentralización, como ya lo
mencionamos, no basta la integración territorial, sino fundamentalmente la integración humana, además de otros elementos como las
transferencias de recursos, el reconocimiento de autonomías, que se van a expresar en las
acciones de gobierno en el orden político, social, económico y cultural.
La
lucha continúa
Lo expuesto constituye
una aproximación al estado actual del proceso de descentralización, teniendo como protagonista a Huánuco,
departamento-región que sufre los avatares del centralismo.
Consideramos que es
necesario revertir esta situación,
una auténtica descentralización
solo es posible con la democratización del estado y la sociedad, significa la participación ciudadana en el gobierno. Los logros de autonomía para los gobiernos
locales y regionales no van a llegar por acción o iniciativa del gobierno o los
poderes del Estado, así como se luchó
por la regionalización para que sea justa y democrática, es necesario
reiniciar esa lucha para que la descentralización sea real a través de la organización política del
pueblo.
La lucha descentralista debe considerarse una expresión de la lucha por la democracia y la justicia social, no es una acción aislada, al contrario es
integradora, pues su naturaleza lleva en sí
la esencia del cambio político- social.
A los gobiernos locales y regionales les
compete un rol fundamentalmente
político, no solamente ejecutor, deben
de tener capacidad para liderar acciones
de reivindicación social y política frente al gobierno nacional, exigiendo al
poder central los espacios que les pertenece.
Para ello resulta
indispensable que los proyectos políticos de contenido popular asuman también
los espacios de gobierno que les
corresponde en los gobiernos regional y
local, es necesario que propongan la clase de región que se necesita construir.
Un verdadero proceso
descentralizador exige el cambio de la Constitución Política de 1993, que
sustenta el modelo neoliberal de nuestra sociedad y nuestra economía.
Estamos en una hora en
la que necesitamos afirmar que la
unidad solidaria del pueblo es el camino
que se abre para buscar nuevos destinos, para enfrentar a una realidad nacional
que debe ser cambiada, con la firmeza y el convencimiento de que la política es
una actividad de servicio a la sociedad de manera honesta, digna y responsable,
con preparación, lealtad y sólidos
principios.
Ante el fracaso de los
organismos de control y fiscalización como el Congreso, la Contraloría, el
Ministerio Publico y el Poder Judicial,
el pueblo debe asumir el control y fiscalización de los gobiernos locales y
regionales.
A los gobiernos locales
y regionales les compete un rol
fundamentalmente político y ejecutor,
deben de tener capacidad para
liderar acciones de reivindicación social y política frente al gobierno
nacional, exigiendo al poder central los espacios que les pertenece.
La lucha descentralista debe considerarse una expresión de la lucha por la democracia y la justicia social, no es una acción aislada, al contrario es
integradora, pues su naturaleza lleva en sí
la esencia del cambio político- social en el ámbito nacional.
Los logros de autonomía
para los gobiernos locales y regionales no van a llegar por acción o iniciativa
del gobierno o los poderes del estado, así como se luchó por la regionalización para que sea justa y
democrática, es necesario reiniciar esa lucha para que la descentralización sea
real a través de la organización
política del pueblo.
Debemos estar convencidos que la
descentralización no es producto de la
generosidad del poder central, es
consecuencia de las luchas populares, como todas las conquistas democráticas.
Solo así la Región
Administrativa que pudiéramos conformar podrá aspirar al logro de
sus fines, pues toda propuesta de integración territorial para su
desarrollo tendrá que enfrentarse a las barreras que ofrece el modelo
neoliberal.
Esa es una tarea histórica de la nueva generación de huanuqueños, hay en
nuestro pueblo nuevos elementos culturales que confluyen con los tradicionales,
desde donde surgirán nuevas formas de
identidad. Existen intereses renovados que desbordan el espíritu de los nuevos
ciudadanos por superar nuestros
ancestrales problemas estructurales.
Ya han hecho sentir su
presencia, existe la confianza que también su palabra será escuchada en el tema de la
descentralización
Es nuestro deber
reconocer esos cambios, de los que
debemos ser actores y participantes.
La lucha por la
descentralización es permanente, es una búsqueda constante de justicia social.
Por eso, la
lucha continúa.
Lima, Abril del
2015
BIBLIOGRAFÍA
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EXPEDIENTE TECNICO. Propuesta de Creación de la Región
Ancash-Huánuco-Ucayali – Corredor Nor Centro Oriental, efectuada por los
gobiernos regionales de Ancash,Huánuco y Ucayali.
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